Los expertos instan a poner coto a la huida a Andorra de los ‘youtubers’

Los expertos instan a poner coto a la huida a Andorra de los 'youtubers'

Los expertos instan a poner coto a la huida a Andorra de los ‘youtubers’

El Libro Blanco plantea una reformulación de los criterios que determinan la residencia fiscal y abre la puerta a que se tenga en cuenta la utilización de los servicios públicas por parte de los creadores digitales.

Evitar que los creadores de contenido digital se muden a Andorra para eludir la fiscalidad española es uno de los objetivos del Ministerio de Hacienda desde hace años. El debate sobre la contribución a través de impuestos al mantenimiento del Estado del Bienestar es un debate que divide a los youtubers que se quedan en España y aquellos que se mudan en busca de marcos fiscales más favorables como el que ofrece el Principado. Ahora, los expertos para la reforma fiscal proponen que se replanteen cuáles son los criterios que determinan que una persona es residente fiscal en España. En este sentido, abren la puerta a que se tengan en cuenta la utilización de los servicios y prestaciones públicas a la hora de determinar cuál es el país de residencia de una persona física. 

En el Libro Blanco para la reforma fiscal, que han presentado este jueves, los expertos consideran que el criterio sobre la permanencia durante 183 días en territorio español es «de muy difícil comprobación, en especial cuando no existen controles fronterizos». Además, los catedráticos plantean que se flexibilice el cómputo de esos 183 días «para evitar la aparición de conflictos de doble residencia y supuestos de doble imposición». Ser más flexible «también podría servir para evitar tener que acudir a un procedimiento amistoso para determinar la fecha a partir de la cual el contribuyente tendrá la consideración de residente fiscal en uno u otro Estado», añaden.

En cuanto a la definición del núcleo principal o la base de las actuaciones o intereses económicos, los catedráticos consideran que se trata de un asunto «problemático para localizar la residencia fiscal en España en la medida en que las nuevas tecnologías y las plataformas online permiten obtener fuentes de renta desde muy distintos puntos de la geografía mundial». Por ello, reclaman «mayor grado de detalle» en el criterio para que se pueda establecer el núcleo principal y no descartan la integración entre los factores económicos y de carácter familiar «dentro de un criterio más amplio de «centros de intereses vitales». Esta medida, consideran, daría más protagonismo al «carácter familiar ante la realidad creciente del teletrabajo».

Extracción de agua para electricidad

En el ámbito de la fiscalidad medioambiental, los expertos para la reforma fiscal proponen la creación de un tributo que grave la extracción de recursos hídricos. Se trataría de un impuesto estatal cuyos contribuyentes serían las confederaciones hidrográficas y también los titulares de obras hidráulicas destinadas a la producción de energía eléctrica. De esta forma, los sabios designados por el Ministerio de Hacienda ponen el foco sobre el uso de recursos públicos para la generación de energía eléctrica, un asunto que ha sido polémico en plena crisis energética y que ha llevado al Gobierno a investigar el vaciado de embalses, por parte de Iberdrola.

Este impuesto gravaría las obras que se realicen para llevar a cabo estos procedimientos y, a través de esta tasa, los expertos pretenden reducir el desfase entre el coste y los ingresos vinculados al ciclo del agua en España que cifran en 4.000 millones de euros. Tal como explican en el Libro Blanco para la reforma fiscal, la base imponible se configuraría por el volumen de agua extraída y la cuota sería proporcional a esta. Además, abren la puerta a establecer factores de uso y factores territoriales, en función de las dificultades de la extracción, «que podría fijarse por cuencas hidrográficas o por sistemas de explotación».

Los expertos precisan que los sujetos pasivos serían «por lo general» proveedores de agua a usuarios y advierten que esta carga fiscal se repercutiría en estos. Lo mismo ocurriría con el caso de aguas subterráneas, que también recaería sobre los usuarios. Los catedráticos creen que aumentar la presión fiscal en este ámbito «puede jugar también un papel relevante en la adecuada utilización de un recurso escaso como el agua, cuyo uso abusivo está relacionado en muchos casos con niveles de precios insuficientes». En la misma línea, proponen una reforma de los tributos asociados a cobertura de costes de infraestructuras hidráulicas para recuperar los costes medioambientales de las mismas.

Esta propuesta se enmarca dentro de las relacionadas con la fiscalidad medioambiental. Es uno de los puntos sobre los que hizo hincapié Hacienda cuando designó el comité y los expertos dedican varias páginas a propuestas que incluyen subidas de impuestos a los hidrocarburos, creación de un impuesto para los billetes de avión y reformas tributarias en materias de residuos, entre otros. Si se aplicaran todas las medidas que recoge el documento, los catedráticos calculan que se podrían recaudar entre 5.941 y 15.023 millones de euros más.

En un momento en que los precios del gas y el petróleo están en máximos históricos, la energía hidráulica ha cobrado mayor protagonismo. No solo se trata de una fuente de energía limpia, sino que además su generación es más barata. Las compañías se benefician de esa diferencia al cobrar por toda la energía el precio de aquella más cara, es decir, que ingresan al precio del gas toda la energía producida, también la que es más barata, como es el caso de la hidroeléctrica.

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